El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, anunció ayer, que esta mañana ingresará a Diputados un proyecto de ley para convertir los planes sociales en trabajo formal.
«Mañana ingresaremos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas», publicó Massa en su cuenta en la red social Twitter, aunque no incluyó los detalles del proyecto.
El presidente de la Cámara baja había anticipado su idea de transformar los planes sociales en trabajo durante una recorrida que realizó el pasado 5 de julio por una pyme de impresiones gráficas en el municipio de Pilar.
«Ese trabajo es el que tenemos que recuperar y potenciar, transformando los planes sociales en planes de empleo. El plan social es la emergencia, lo permanente y digno es el trabajo. Tenemos que hacerlo por Ley, para obligar al Estado a recorrer ese camino», expresó en ese momento el exintendente de Tigre.
En ese sentido, agregó: «Necesitamos un nuevo modelo de asistencia social, con planes que incluyan prestaciones laborales y terminalidad educativa obligatoria. Condiciones fundamentales para construir el futuro del país. Tenemos la capacidad y recursos humanos para hacerlo posible».
Fuentes oficiales adelantaron que el Gobierno nacional avanza en su objetivo de reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo genuino, una idea que el presidente Alberto Fernández viene expresando desde el comienzo de su mandato.
Así, tanto el Presidente como los dos ministros de Desarrollo Social de su gestión -Daniel Arroyo, de 2019 a 2021, y su sucesor en el cargo, Juan Zabaleta- pusieron el foco en la necesidad de transformar los distintos planes sociales en puestos de trabajo, en un acuerdo tripartito con las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores.
El primer paso fue dado en agosto pasado con los trabajadores rurales, que en un total de 250 mil pasaron a desempeñar sus funciones en el terreno mientras mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones.
A ese inicio le siguió el programa «Construir Trabajo e Igualdad», anunciado el lunes último por el Gobierno y que, en los hechos, implica la transformación de planes sociales en trabajo en el sector de la construcción.
El Gobierno tiene previsto sumar a esta propuesta de reconversión laboral a la industria textil, de extenso desarrollo en el país, y la gastronomía, entre otros sectores de la economía que, además de impactar en la creación de puestos de trabajo, favorecen la producción y el consumo.
Si bien la construcción genera muchos puestos de trabajo por su ramificación en el sector público y privado, el Poder Ejecutivo tampoco quiere perder de vista a los otros sectores y avanzará en nuevos horizontes para robustecer la oferta de empleo destinada a beneficiarios de planes sociales.
El empleo registrado total superó el nivel de diciembre del 2019
Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) reveló que si se tienen en cuenta todas las fuentes de trabajo, el empleo registrado total al mes de julio ya superó el nivel de diciembre del 2019.
Según el estudio, la profundización de la crisis económica a causa de la aparición de la pandemia implicó una mayor presencia del Estado, por ello, el Ejecutivo nacional aplicó una serie de medidas con el objetivo de amortiguar el impacto negativo de la emergencia sanitaria en los ingresos y, por ende, en el empleo de las personas a fin de evitar un mayor deterioro del entramado productivo y social.
En este marco, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) asistió a todas aquellas personas con imposibilidad de trabajar debido a la emergencia sanitaria y sostuvo la demanda de alimentos evitando un mayor crecimiento de la pobreza e indigencia. De igual modo, las empresas que mermaron su actividad por el riesgo epidemiológico fueron beneficiadas por los ATP.
Al mismo tiempo, se lanzaron diferentes líneas de créditos subsidiados por el Estado nacional, con el objetivo de financiar a las empresas que sufrieron las consecuencias de la cuarentena, y por otra parte la doble indemnización establecida desde el inicio del actual gobierno evitó que la tasa de desempleo aumente de manera súbita. También se eximió del pago del Impuesto a las Ganancias a más de 1,2 millones de trabajadores, al elevar el mínimo no imponible a $175.000 mensuales a partir de octubre, y se alivió la carga tributaria para los perciben entre $175.000 y $203.000 brutos.
“A pesar de la caída histórica de la actividad económica, las políticas públicas aplicadas evitaron un mayor deterioro en el mercado del trabajo”, indicó el reporte académico al que accedió Ámbito.
Para demostrarlo, la Undav recordó algunas cifras del período gobernado por Cambiemos: de los 48 meses de la gestión de Cambiemos (de enero del 2016 a diciembre del 2019) sólo dos meses registraron un crecimiento del empleo industrial, un mes se mantuvo sin variación y el resto computaron caídas.
En tanto, desde la asunción de Alberto Fernández el empleo industrial creció en 13 de los 19 meses comprendidos entre enero del 2020 y julio del 2021. Es más, en julio del 2021 el total de personas con trabajo registrado superó en 14.800 trabajadores a los computados en el mismo mes del 2019. Asimismo, en cuatro meses no experimentó variación alguna y en solo dos meses registró bajas.
En ese julio también se observó un incipiente crecimiento de 0,5% en la evolución del trabajo, cuando las restricciones a la circulación de personas establecidas en parte del segundo trimestre no afectaron de manera considerable la actividad económica.
“Esta dinámica permitió, como se mencionó anteriormente, la recuperación de más de 22.000 empleos industriales. Dada que la economía argentina se encuentra en una situación de reactivación económica, es fundamental en el corto plazo el comportamiento de la demanda agregada, para consolidar la recuperación de la actividad económica y, por consiguiente, del nivel de empleo”, subrayó la Universidad.
Otro índice que revela la mejora de la situación laboral es salario, aunque el poder adquisitivo todavía se sienta afectado por la pandemia. A precios de julio del 2021, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) se encontró 1,3% por encima de lo registrado en el mes de diciembre del 2019. “Es decir, en julio del corriente año, el RIPTE se ubicaba en $88.274,0, mientras que en el último mes del 2019 alcanzaba los $87.117,4, un avance de $ 1.156,7”, destacó el análisis.
Por último, los especialistas del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav pronosticaron un mejoramiento del empleo, a medida que se apliquen más vacunas. “El avanzado plan de vacunación genera excelentes expectativas en el corto plazo con respecto a la consolidación de la reactivación económica y, por ende, para el mercado de trabajo”, estimaron.
(Fuente: Ámbito)
