Pese a que la Corte Suprema falló a favor de los más de 8 mil varados que desde hace meses buscan volver a Formosa en medio de la cuarentena por coronavirus, aseguran que el gobierno de Gildo Insfrán pone trabas para dificultar la entrada a la provincia.
La abogada de un grupo de los varados Gabriela Neme aseguró en un medio nacional que el gobierno provincial “busca la forma de que vuelvan a ser abandonados los 8321 formoseños que fueron olvidados en esos nueve meses de cuarentena”.
Explicó que a los damnificados les envían la notificación de permiso para entrar por mensaje de WhatsApp o por mail y que deben responder en un plazo de doce horas, y comunicar en qué fecha tienen previsto entrar a la provincia. En el caso de que no respondan en ese período pierden la posibilidad de volver.
Sostuvo que deben presentar un resultado de test PCR negativo dentro de las 72 horas previo a la entrada a la provincia. Advirtió que en muchos lugares donde están los varados no hay centros para someterse a la prueba y que en otros casos sí hay pero los exámenes no son gratuitos, y que no todos tienen los recursos para pagarlos.
La abogada consideró que con estas medidas la administración de Insfrán “busca trabas para que la gente no entre” a Formosa. Afirmó que no cree que las autoridades “cambien de actitud” a pesar de la resolución del máximo tribunal de Justicia.
Aseguró que la provincia solo autorizará a la vuelta a la provincia a los que a la fecha del fallo de la Corte habían realizado la solicitud de ingreso y que al resto les impedirán la entrada al territorio.
El fallo de la Corte a favor de los varados
El jueves pasado el máximo tribunal le ordenó al gobierno de Insfrán que resuelva la situación de los ciudadanos varados que tratan de volver desde el comienzo de la pandemia. La Corte exigió que la provincia “arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial, con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado, dentro del plazo máximo de quince días hábiles a partir del día de la fecha”, en referencia al 19 de noviembre.
El máximo tribunal mencionó “las esperas sufridas por las personas solicitantes de ingreso”, que en algunos casos se extendieron por cuatro meses. Además destacó que en ese período los ciudadanos “se encontraban en las más variadas situaciones, algunas de ellas de alta vulnerabilidad”. Citó una Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que planteó que “los problemas y desafíos” que genera el coronavirus “deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales”.
(Fuente: TN)
