Fernando Javier Ramírez fue interceptado por una patrulla motorizada cuando caminaba por el barrio Miguel Lanús. Lo aprehendieron, junto a un amigo, porque no portaban DNI. La revisión médica no habría detectado ningún síntoma de que tragó una bolsa con el estupefaciente que lo intoxicó y le provocó la muerte súbita en la celda.
Una nueva muerte en una celda de comisaría en la provincia desató la polémica y fuertes quejas entre las autoridades de la fuerza de seguridad sobre los posibles excesos y violaciones constitucionales, por ejemplo: al derecho de transitar con libertad.
Fernando Javier Ramírez, oficialmente se comunicó que falleció durante la madrugada del domingo por “muerte súbita, por intoxicación”. Lo que no se detalló fue que el deceso fue por tragar una bolsa de polietileno que contenía clorhidrato de cocaína y cuyos rastros fueron registrados por los forenses de la Morgue Judicial de Posadas.
De acuerdo a fuentes consultadas por un medio Provincial mmm q, hasta restos plásticos del envoltorio fueron detectados durante la intervención quirúrgica ordenada por el juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, de turno durante octubre.
Otras voces contactadas remarcaron que la revisación médica de Sanidad Policial no habría registrado la ingesta del estupefaciente que, se presume e investiga, se produjo cuando Fernando Ramírez caminaba por la calle Georgias del Sur casi 10 de Junio en el barrio Miguel Lanús, zona sur posadeña, y junto a su amigo (cuya identidad este medio resguarda) fueron interceptados por una patrulla de la Dirección Agrupación Motorizada de la Unidad Regional X.
Como ninguno de los dos llevaba consigo un documento o cédula que certifique identidad, los uniformados llamaron a la comisaría Décima para que se concrete la detención y traslado a la sede policial en el complejo habitacional A3-2.
Conforme al protocolo de resguardo, ambos demorados debieron ser revisados por un médico legista policial. Según los informes no se habrían registrado lesiones en los jóvenes.
Pocos minutos después Ramírez convulsionó en la celda de la seccional Décima y murió tras ser trasladado al Hospital Madariaga donde se intentó reanimarlo. Cuando las autoridades judiciales fueron notificadas se ordenó la autopsia que finalizó a las 17.30 del domingo y marcó los detalles mencionados.
Tras la orden de entrega del cuerpo a sus familiares, desde el Juzgado de Instrucción 6 se solicitaron informes sobre la detención y las condiciones, motivos y si fue o no revisado Fernando Ramírez como ordena la ley, por un galeno.
Los efectivos de la patrulla del DAM habrían informado a la comisaría que vieron al joven tragar algo y que barajaron que se le realizaría un análisis médico profundo y posible lavaje de estómago o alguna medida similar para prevenir lo que finalmente ocurrió, la muerte del joven.
Los padres de Fernando se presentaron ayer a denunciar la detención y el fallecimiento ante el fiscal de Instrucción 6, René Germán Casals. Se activó de inmediato el pedido de investigación más amplia y que determine si existió abuso de poder policial en la aprehensión y la posible mala praxis si se prueba que el médico no observó ningún síntoma de intoxicación pese a que habría sido alertado de la ingesta de la bolsa con cocaína.
Reacción y “nuevo protocolo”
Cuando los jefes policiales tomaron conocimiento del hecho, se ordenaron comunicaciones internas para que se observen, “en adelante”, los procedimientos preventivos de detención que despliegan los efectivos de turno en recorridas de calle o en procedimientos puntuales.
Se dispuso que las demoras y aprehensiones no se registren en las actas como correspondientes a “un sospechoso que no supo justificar su presencia en el lugar”. Tampoco que se “encontraba en actitud sospechosa”. Para evitar problemas y que no recaigan denuncias sobre los uniformados, les sugirieron el eufemismo siguiente: “Justificar con averiguación de medios de vida, moralidad y costumbres”.
El nivel de escándalo que se desató quedó plasmado en otra polémica sugerencia de jefes hacia subalternos: “Evitar detener por detener, no jugar competencias a ver quien detiene más, nuestro trabajo no es ése”.
Para sumar preocupación, este medio también pudo tomar contacto con disposiciones aún más complejas: “Si se procede a la detención debe ser justificado, como por ejemplo, un arma de fuego, un arma blanca, herramientas que podría ser utilizadas en la comisión de hechos”. “O ser conocido como autor de hechos delictivos”, es decir por “conocido de la comisaría”.
Respecto a este último punto, desde la Dirección General de Seguridad se aconsejó como “una salida elegante, para evitar problemas innecesarios (SIC)”, confeccionar un registro en cada seccional “de las personas que se identifica, con sus datos de domicilio, identificación” y si “tienen o no antecedentes penales”.
Silencio habitual
Sobre lo sucedido a Fernando Javier Ramírez, hasta anoche ningún organismo de control o relevamiento de posibles violaciones a los derechos humanos se acercó o tomó contacto con las autoridades policiales y judiciales.
Desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y del Ministerio de Derechos Humanos no se remitió preocupación alguna. En el caso de la CPPT, las reacciones habitualmente trascienden una vez que las muertes o lesiones toman estado público por medios de comunicación o las propias víctimas solicitan ayuda.
(Fuente: Primera Edición)
