Todas las semanas, la crónica policial da cuenta de alguna denuncia por abuso sexual en el ámbito de Oberá y localidades vecinas. Una problemática que luego se prolonga a los juicios que se ventilan en el Tribunal Penal Uno, donde alrededor del 60 por ciento de los expedientes son por el mismo delito.
Según el cotejo con fuentes judiciales, de las 125 personas alojadas en seccionales que dependen de la Unidad Regional II de Policía, 52 corresponden a delitos contra la integridad sexual, lo que constituye el 41,6% del global.
La estadística contempla los registros apuntados hasta el último viernes, considerando las seccionales Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta de Oberá; más las comisarías de Campo Viera, Campo Ramón, Guaraní, Panambí, Florentino Ameghino, Los Helechos, San Martín, Mártires, General Alvear y Alberdi.
Respecto de los detenidos, en segundo orden se ubican los delitos contra la propiedad -robos y hurtos-, con un total de 35 implicados, lo que se traduce en el 28% de los privados de libertad en la zona Centro.
También se contabilizan 15 imputados en hechos de lesiones (12%) y 11 presos por infracción a la ley de drogas (8.8%), entre los delitos más preponderantes en el ámbito local.
De los 125 detenidos, vale subrayar que sólo se registran tres mujeres (2.4%).
En tanto, son 14 (11.2%) los reos con prisión preventiva, es decir que la acusación penal está avanzada y se aguarda el traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
Un vocero reconoció que “las comisarías están superpobladas, lo que genera un esfuerzo extra del personal policial que debe trabajar en prevención y, además, cuidar presos”.
El principal delito
Entre los alojados en comisaría con prisión preventiva se encuentra José Wilson D. O. (58), quien permanece detenido desde agosto del año pasado imputado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 11 años con discapacidad mental.
La denuncia fue radicada por una tía de la niña. La causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.
La grave acusación salió a la luz luego de que una trabajadora social, que se desempeña en una escuela especial de Panambí, charló con la menor que padece retraso madurativo y ésta le contó que el citado la violaba.
Enseguida, la profesional se contactó con una tía de la niña para contarle lo que había escuchado y le recomendó que haga la denuncia.
Ya en sede policial, la tía relató los dichos de la trabajadora social y agregó otro dato que complicó al imputado: dijo que el día anterior, al buscar a la niña de la casa, la encontró saliendo de la casa del acusado.
Pero eso no fue todo, ya que una vez que estuvo en su propio domicilio, notó que la criatura tenía una mancha rojiza en short.
Tres implicados en un hecho
En noviembre del año pasado una asistente social de la Municipalidad de Oberá radicó una denuncia por abuso sexual en perjuicio de dos hermanas que entonces tenían 7 y 4 años, tras lo cual fueron alojadas en una institución donde permanecen.
Ocurre que la madre posee antecedentes de haber descuidado a las menores y estuvo a punto de ser imputada en los hechos, aunque por el momento evitó consecuencias penales.
Sin posibilidad de ser cobijadas por la familia ampliada, como abuelos o tíos, actualmente las niñas se hallan en estado de adoptabilidad en resguardo del municipio.
Respecto de la causa penal, están imputados tres hombres identificados como Walter B. (39), Guillermo P. (56) y Leandro Emanuel M. (27), procesados con prisión preventiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal.
El relato de las menores en Cámara Gesell resultó tan contundente como aberrante. A su vez, todos mantenían relaciones sexuales con la madre y consumían drogas en el domicilio donde vivían las niñas.
La propiedad, ubicada en pleno centro de Oberá, es conocida por los vecinos como un “antro de drogas y promiscuidad, un aguantadero que varias ocasiones fue allanado por la Policía por diferentes robos”, como graficó una fuente.
Padrastros acusados
El pasado 30 de octubre, un hombre fue detenido por abuso sexual en perjuicio de su hijastra de 11 años. El acusado fue identificado como Alejandro Damián S. (33).
En un primer momento la madre de la menor también fue demorada, aunque luego se ordenó su libertad. De todas formas, se dispuso que le tomen declaración como sospechosa de encubrimiento, por lo que su situación podría cambiar.
Precisamente, la madre quedó bajo la lupa por los dichos de su propia hija, según consta en la denuncia.
En tanto, el 13 de noviembre dos menores de 14 y 13 años le contaron a su papá que el padrastro las violaba, ante lo cual recurrieron a su mamá en busca de ayuda, pero la mujer optó defender a su pareja y no a las niñas. Ante tremenda situación, el progenitor radicó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Oberá. El sospechoso, identificado como J. S. (30), fue detenido y está acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia”. El expediente se tramita ante el Juzgado de Instrucción Uno.
Según indicaron, el hombre aprovechaba cuando la mamá de las menores salía a trabajar. La más grande habría sido víctima de abuso sexual con acceso carnal y la más chica padeció manoseos, lo que constituye abuso sexual simple. Siempre según el contenido de la denuncia, en ocasiones el sospechoso se masturbaba frente a las víctimas.
Habrían sido varios los hechos y los últimos ocurrieron hace alrededor de cuatro años, contaron las víctimas.
Reunión del Tribunal y jueces de instrucción
El próximo miércoles, los integrantes del Tribunal Penal Uno de Oberá mantendrán una reunión con los jueces de instrucción de la segunda circunscripción judicial para tratar diversos temas, entre ellos la situación de los privados de libertad alojados en comisarías.
Los anfitriones serán Horacio Paniagua y Francisco Aguirre, integrantes del TP, quienes recibirán a Pedro Piriz, juez de Instrucción Uno de Oberá; Horacio Alarcón, juez de Instrucción Dos de Oberá; Selva Raquel Zuetta, jueza de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, y Gerardo Casco, juez de Instrucción Tres de San Vicente. La convocatoria fue pactada para las 8.30 en sede del TP.
(Fuente: El Territorio)
