La ministra de Seguridad anunció un nuevo “protocolo de orden público”, que busca reglamentar las protestas sociales y según explicó, tendrá severas sanciones a quienes lo incumplan.
Al respecto, ante los anuncios de Bullrich, las organizaciones piqueteras realizaron una conferencia de prensa para responderle. “Es una provocación lo de Bullrich”, señalaron. “Se ha colocado en la ilegalidad”, apuntaron. “Las medidas del Gobierno son un plan de guerra contra el pueblo”, aseveró Gabriel Solano.
“En la Argentina existe el derecho constitucional para manifestarse, es el derecho a defenderse ante semejante agresión”, remarcó Solano. “En Argentina no queremos la paz de los cementerios”, agregó.
Por su parte, Belliboni convocó a una reunión abierta para este viernes. “Claramente nos vamos a unir, vamos a ser miles, probablemente vamos a ser 70 mil personas en la calle. ¿Puede esa cantidad manifestarse en la vereda?”, se preguntó.
La conferencia la encabezaron Eduardo Belliboni y Gabriel Solano y Vanina Biasi entre otros dirigentes. Asimismo, informaron que enviaron un pedido de reunión “urgente” al Secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo De La Torre.
El objetivo es “tratar temas sociales que se han agravado en los últimos días con la disparada de los precios de primera necesidad”, al tiempo que denuncian que “no hemos recibido los alimentos en los comedores populares comprometidos por la gestión anterior y que según el exsecretario Javier García había sido parte de la transición con su actual gestión y que debía haberse empezado a ejecutar esta semana”.
En el mensaje a De La Torre, el Frente de Lucha Piquetero señala que “nos preocupa el anuncio de que se congelaran en su monto actual los programas potenciar trabajo, ya que en unas semanas se pulverizarían y dejarían a mas de un millón de personas sin un ingreso fundamental para el alimento diario”.
El pedido de las organizaciones piqueteras sucede en el mismo día en que Bullrich anunciará nuevas reglamentaciones a las protestas sociales. Según adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el nuevo protocolo incluirá “sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos, que alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”.
El coordinador nacional de SOMOS/ Barrios de Pie, Daniel Menéndez, manifestó: “Han anunciado hace dos días un conjunto de medidas económicas que son parte de un ajuste criminal y que en términos sociales generan una enorme licuación de ingresos.”. Y añadió: “La decisión de la ministra de avanzar con medidas contra la protesta social vulnera los derechos de nuestra democracia. Buscan con el poder de la represión hacer que la sociedad a fuerza de palos, balas y persecución tolere lo intolerable. Esto es inadmisible para nuestra democracia”.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó en un comunicado que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta. “Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, dijo Rodolfo Aguiar y detalló: “Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”.
No es la primera vez que Bullrich anuncia una medida de este tipo. Durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, lanzó en febrero de 2016 un protocolo “antipiquetes” para evitar los cortes de tránsito en la vía pública. En aquel entonces, quienes protestaran tendrían “5 o 10 minutos” para desalojar los caminos, autopistas o rutas que cortaran antes de ser desalojados y hasta detenidos.
El anuncio de esta tarde se da luego de que la conducción nacional de las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera confirmaran que el próximo miércoles realizarán un “paro activo” en Plaza de Mayo, en respuesta a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo. La protesta se hará en la misma fecha en la que se cumplen 22 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y la renuncia del expresidente.
Esta semana fue la primera manifestación contra el gobierno de Milei, con marchas en la vereda del Ministerio de Trabajo y escoltados por la policía. La marcha fue del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), encabezado por Raúl Castells, en una protesta sin corte de tránsito, desde la vereda de la avenida Leandro N. Alem al 600 y en medio de una fuerte presencia policial.
