El impacto de esta medida no es menor: más de 37.000 contribuyentes, entre monotributistas y empresas, quedarán desprotegidos, obligados a trasladarse hasta Posadas –a más de 100 kilómetros de distancia– para realizar trámites tributarios esenciales. Además, el cierre de la sede dejaría en una situación crítica a 17 empleados, entre administrativos y fiscalizadores agropecuarios, que deberán recorrer 200 km diarios para mantener sus puestos laborales.
Legisladores de la Renovación Neo, el gobierno provincial y distintos sectores productivos alertaron sobre las consecuencias económicas que esto traería para la región, expresaron su “profunda preocupación” y exigieron la reconsideración inmediata de la medida. La Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (CRIPCO), junto con la Confederación Económica de Misiones (CEM) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ya elevaron notas a las autoridades nacionales buscando revertir la decisión.
El intendente de Oberá, Pablo Hassan, en conjunto con el gobernador Hugo Passalacqua, también se sumó a los reclamos, argumentando que la presencia de ARCA en Oberá es crucial para el desarrollo económico local. A esto se suma la preocupación por la puesta en marcha del nuevo Resguardo Aduanero de Oberá, una infraestructura clave para la zona que quedaría desarticulada ante la ausencia de una oficina tributaria operativa.
En un contexto donde la digitalización de trámites aún no está completamente implementada en el interior del país, la medida es vista como un retroceso en el acceso a servicios esenciales. Pequeños productores, comerciantes y contadores de la región denuncian que la falta de conectividad y el desconocimiento tecnológico dificultan el uso de plataformas virtuales, lo que hace indispensable la atención presencial.
Desde el gobierno provincial y el sector privado, advierten que cerrar la sede de ARCA en Oberá no solo complicará la actividad comercial, sino que también afectará la recaudación tributaria y el crecimiento económico de la zona centro de Misiones.
El reclamo está en marcha y las gestiones para evitar el cierre continúan. La incertidumbre crece entre empresarios, profesionales y trabajadores que, de concretarse la medida, deberán enfrentar una nueva barrera burocrática y económica.
