sábado, 19 julio, 2025

Estados Unidos respaldó formalmente a Argentina en la disputa por YPF y actúa como “amicus curiae”

Estados Unidos volvió a expresar su apoyo a Argentina en el juicio que se tramita ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York por la expropiación parcial de YPF. A través de un escrito presentado por el Departamento de Justicia, se posicionó contra la orden de entregar el 51 % de las acciones estatales de la petrolera a los fondos Burford Capital y Eton Park, beneficiarios de una sentencia que condena al país a pagar unos US$16.100 millones.

Ese amicus curiae se sumó a una estrategia jurídica que comenzó el 6 de noviembre de 2024, y se apoya en la doctrina de inmunidad soberana contenida en la Ley Federal de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA) de EE.UU. Estados Unidos advirtió que una orden judicial que obligue a ceder acciones de un Estado extranjero podría sentar un precedente peligroso y afectar las relaciones diplomáticas, así como la recíproca protección de activos estadounidenses en el exterior.

El escrito también enfatiza que la transferencia forzada sin garantías adecuadas presenta un riesgo irreparable para Argentina, y apunta a que Burford y Eton Park no desean administrar las acciones en caso de que la apelación prospere. Propusieron en cambio que se constituyan avales o garantías que permitan desandar la medida si el fallo se revierte.

Por otra parte, la Cámara de Apelaciones ya había suspendido temporalmente aquella orden de entrega mientras se estudia el caso, otorgándole a Argentina un marco de tregua legal. Ahora se aguarda que la Corte confirme esa postura o sugiera mecanismos alternativos para salvaguardar los activos durante la apelación.

Desde el Gobierno argentino, presidido por Javier Milei, destacaron la relevancia del respaldo, especialmente porque se replicó bajo dos administraciones estadounidenses (Biden y Trump). La Cancillería y la Procuración del Tesoro celebraron que esta postura demuestra la solidez jurídica de la defensa y refuerza la estrategia nacional en tribunales extranjeros.

La causa tiene por origen la nacionalización de YPF en 2012 —cuando el Estado adquirió el 51 % de Repsol sin ofrecer igual tratamiento a accionistas minoritarios. La jueza Loretta Preska había condenado inicialmente a Argentina a indemnizar con US$16.100 millones, pero la apelación busca, entre otros puntos, preservar la participación accionaria del país sin verse obligado a cederla como pago.

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