Guardaparques del Parque Provincial Puerto Península y guardafaunas desactivaron al menos tres trampas adaptadas para cazar animales silvestres dentro de la reserva de las 2000 Hectáreas, enfrentando un nuevo caso del flagelo que va en aumento y atenta contra la fauna misionera.
Las estructuras utilizadas por cazadores furtivos fueron halladas durante un operativo de prevención de delitos ambientales realizado el fin de semana pasado cuando agentes de conservación localizaron un trillo y lo transitaron en el monte por unos seis kilómetros.
A lo largo del trayecto los guardaparques y guardafaunas encontraron tres sobrados o esperas montados en un árbol de Obeña, estructuras diseñadas para la caza furtiva que finalmente fueron destruidas.
Últimos casos
En el mes de febrero guardaparques provinciales y sus pares nacionales del Parque Federal Campo San Juan llevaron adelante un operativo de prevención de delitos ambientales sobre el río Paraná, desde el arroyo Santa Ana hasta la Cuenca Baja del arroyo Garupá, donde detectaron actividad de cazadores furtivos y secuestraron cuatro redes de distintos tamaños y medidas, 15 esperas y 3 de las llamadas «boyas locas», armadas artesanalmente con bidones y anzuelos.
En marzo, más de 900 metros de redes y una embarcación de madera fueron incautados en una recorrida por guardaparques del Pasaje Protegido Lago Urugua-í y policías de la División de Defensa del Medio Ambiente.
Ese mismo mes, dos hombres fueron detenidos en el Parque Provincial Salto Encantado tras ser sorprendidos por efectivos de la Unidad Regional XI con elementos de caza y dos rifles adaptados para esa actividad, accesorios que finalmente fueron secuestrados.
Actividad ilegal en incremento
La caza furtiva registró un aumento desde el 2020. Por un lado están quienes la reconocen como “una cuestión cultural”, sin embargo, hoy las actividades de distensión y educación ambiental inculcan la obligación de realizar las denuncias correspondientes.
Esto es así porque la ley provincial XVI N°22 prohíbe “la captura, caza, tenencia, transporte, exhibición, oferta, demanda, comercialización o cualquier otra acción u omisión que puede afectar la preservación, conservación o reproducción de especies”.
Pese a la legislación, la cacería continúa siendo la principal amenaza que afecta a los animales de la selva misionera y a la integridad del ambiente, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico de la selva y en consecuencia el bienestar de las personas.
