El Gobierno reformula el régimen migratorio y habilita el cobro a extranjeros por salud y educación públicas
Con un decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo estableció nuevas condiciones para la residencia, atención sanitaria y educación universitaria de extranjeros en Argentina. Los cambios buscan reforzar el control migratorio, limitar el acceso gratuito a servicios públicos y vincular la ciudadanía a inversiones.
Endurecen condiciones migratorias y acceso a derechos
A través del Decreto 366/2025, publicado este 29 de mayo en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo introdujo profundas reformas al régimen migratorio argentino, mediante modificaciones a la Ley 25.871. El texto, que consta de más de 160 artículos, redefine los criterios de admisión, permanencia y expulsión de extranjeros, e introduce por primera vez mecanismos de cobro por servicios de salud y educación pública para quienes no posean residencia permanente.
Entre los puntos clave, se destaca la segmentación en el acceso a derechos: solo los residentes permanentes podrán gozar plenamente de la atención médica gratuita y de la educación universitaria sin arancel. Los extranjeros con residencia transitoria o temporaria deberán presentar un seguro médico o abonar los costos de las prestaciones. En el caso de los estudios superiores, las universidades estatales estarán habilitadas a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros sin residencia permanente.
Salud y educación pública: cambios en el acceso y financiamiento
El decreto justifica estas reformas en base a una “sobrecarga del sistema sanitario” y al “incremento de extranjeros que acceden gratuitamente a servicios de alta complejidad sin intención de radicarse en el país”. Según el Ministerio de Salud, solo en 2024 las consultas de migrantes en hospitales nacionales implicaron un gasto de $42.000 millones, mientras que los egresos hospitalarios ascendieron a $72.000 millones, representando un 10,58% del total de egresos.
En paralelo, se señala un aumento de 135% en la matrícula de estudiantes extranjeros en universidades públicas entre 2015 y 2023, pasando de 35.202 a 82.797 alumnos. En particular, más del 25% de los inscriptos en la carrera de medicina en universidades estatales son migrantes, lo que según el Ejecutivo “afecta la sostenibilidad del sistema universitario gratuito”.
El nuevo régimen exige a todos los extranjeros declarar un seguro de salud al momento de su ingreso al país. Además, deberán presentar una declaración jurada sobre el propósito de su estadía, denunciar un domicilio electrónico y mantener actualizado su domicilio físico.
También se establecen nuevos impedimentos para el ingreso y permanencia: tener antecedentes penales en Argentina o el exterior, haber cometido delitos con penas de más de tres años, o ingresar por pasos no habilitados. La residencia podrá ser cancelada y derivar en expulsión incluso ante condenas por delitos menores o por falsear documentación.
Otro eje clave del decreto es la reforma de la Ley de Ciudadanía N° 346. Se transfiere la potestad de otorgarla del Poder Judicial a la Dirección Nacional de Migraciones, que también evaluará las solicitudes por inversión “relevante”. El Ministerio de Economía definirá los criterios para calificar dichas inversiones, en línea con políticas de atracción de capital extranjero.
Se busca, además, impedir abusos como el denominado “turismo de natalidad”, mediante el cual extranjeros dan a luz en el país para facilitar la obtención de residencia y ciudadanía.
Contexto regional y previsiones del Ejecutivo
El texto del DNU advierte sobre un posible “efecto llamada” por parte de migrantes deportados de Estados Unidos, estimados en 1.250.000, de los cuales más de 138.000 son sudamericanos. A eso suma la preocupación por el accionar de organizaciones criminales extranjeras como el Tren de Aragua y la RAM.
El Gobierno plantea que sin estas reformas, la “sobrecarga sobre los servicios esenciales, la economía y la seguridad pública” puede escalar rápidamente. En esa línea, busca fortalecer los controles fronterizos, agilizar expulsiones y modernizar el sistema migratorio.
El decreto ya genera repercusiones en el ámbito académico, sanitario y político. Sectores universitarios y de derechos humanos anticipan cuestionamientos legales y movilizaciones. Desde el Ejecutivo defienden que la medida busca “equilibrio fiscal, equidad y sostenibilidad”, y aseguran que no se restringirán servicios en emergencias ni se afectará el principio de reunificación familiar.
En términos económicos, las reformas podrían reducir la presión sobre el gasto público, especialmente en salud y educación, y abrir una nueva vía de ingresos mediante el cobro de servicios y la atracción de inversiones ligadas a la ciudadanía.
(Fuente: Economis)
