La causa de pedofilia que tiene como acusados a los hermanos Kiczka tuvo novedades en el comienzo de esta semana, ingresando ya en la última etapa de instrucción, luego de que la fiscal Silvia Barronis solicitó la elevación a juicio tanto para el exdiputado Germán Kiczka como para su hermano Sebastián, detenidos desde agosto pasado bajo los cargos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil -Sebastián también fue imputado por un caso de abuso sexual-.
Con esta solicitud de elevación a juicio, el caso que estuvo en la agenda nacional durante meses podría ser resuelto o avanzar en un debate oral el próximo año.
Según fuentes judiciales consultadas, ahora la defensa de los Kiczka tiene un lapso de 10 días para presentarse ante el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles y manifestar si se opone o no a la elevación requerida por la fiscalía.
En caso de oposición, el juez Miguel Ángel Faría -a cargo del juzgado interviniente- deberá resolver mediante un auto fundado, trasladándose entonces a la Cámara de Apelaciones. Mientras que si la defensa no se opone en el plazo estipulado, la causa se elevará directamente a la etapa del Tribunal Oral, donde se procederá a fijar una fecha para el debate que no será público.
Por todos los pedidos recursivos realizados por el abogado defensor, Gonzalo de Paula, a lo largo de los meses -un total de 10 recursos- las fuentes expresaron que se hizo imposible que el juicio comience este año, como estaba previsto en la última etapa de recolección de pruebas.
En tanto, la fiscal Barronis, luego de recibir el expediente por parte del magistrado Faría, fundamentó su solicitud de elevación a juicio con las pruebas recolectadas durante la instrucción, que incluyen dispositivos electrónicos incautados en allanamientos al domicilio del acusado, que resultaron en miles de materiales de abuso sexual infantil.
En ese marco, se pudo determinar que sólo en las primeras pericias técnicas realizadas por la Saic confirmaron la presencia de al menos 913 archivos con contenido de material de abuso sexual infantil. Luego de ese resultado, los profesionales secuestraron más dispositivos en tres distintos allanamientos realizados en Apóstoles y Posadas.
Con este requerimiento de elevación a juicio, los hermanos Kiczka están más cerca de ser juzgados por los aberrantes delitos investigados y descubiertos desde comienzos de este año.
Cuatro años
Si bien aún restan definirse pormenores para que se lleve a cabo el juicio y juzgar a los Kiczka para saber si son autores responsables de los delitos por los que están detenidos, en el debate oral también se deberá comprobar la intencionalidad detrás de la posesión del material.
Se analizará si la finalidad por la que tenían esos materiales de abuso sexual era sólo para tenencia, o si también era para distribuir y comerciar. Una cuestión que modificará las posibles penas aplicables según la gravedad del delito.
En tanto, los hermanos Kiczka por el cargo de “tenencia y distribución de material de abuso sexual” enfrentan una posible condena que sería de mínimo cuatro años de prisión. Aunque se prevé que se superen esos años de pena por la cantidad de material encontrado y la participación activa en su difusión.
Sebastián podría pasar más tiempo tras las rejas, debido a que en las últimas semanas también recibió la imputación por un caso de abuso sexual.
“Imágenes tremendas”
En ese contexto, el último viernes Daniela Dupuy -directora del Ocedic y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones-, durante una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados de Misiones, habló del caso Kiczka catalogándolo como uno de los hechos más conmovedores en los que debió trabajar.
Explicó que el caso Kiczka es parte de una operación más amplia que involucró a fuerzas del orden de varios países latinoamericanos. Esta colaboración es esencial dado que la transnacionalidad de estos delitos requiere acciones coordinadas en diferentes jurisdicciones.
En esa línea, la fiscal no escatimó en describir la naturaleza perturbadora del material incautado. “A pesar de trabajar en esta temática durante más de 10 años, nunca dejamos de conmovernos. Las imágenes son realmente tremendas”, comentó Dupuy.
La situación actual del caso Kiczka es un recordatorio escalofriante de los desafíos que enfrenta la Justicia en la lucha contra la explotación infantil en línea. Dupuy concluyó su intervención reafirmando su compromiso con la protección de los menores: “Este fenómeno es un flagelo enorme; debemos trabajar juntos para erradicarlo”.
A medida que avanza la investigación, Dupuy expresó su confianza en que se tomarán decisiones adecuadas para abordar este grave problema. “Espero que se llegue a una decisión especial y que se tomen medidas en consecuencia”, indicó. La fiscal también mencionó que las penas para estos delitos son severas en Argentina, lo cual es un alivio para quienes luchan contra estos crímenes atroces.
(Fuente: El Territorio)
