En entre otras propuestas que se vislumbran en la Ley Ómnibus que presentó el presidente Javier Milei en el Congreso, apunta a las compras en el exterior donde se modifican las condiciones para traer productos importados cuando se ingresa al país.
De acuerdo al proyecto redactado, no se pagará ningún impuesto por el ingreso de artículos al regresar de un viaje siempre y cuando los mismos sean para uso personal y su importación no tenga fines comerciales, sin importar su precio.
La actual ley vigente tiene un límite en el que se permiten traer libros, indumentaria y calzado, juguetes, productos tecnológicos, entre otros, hasta un valor máximo de US$ 500 por persona sin pagar nada, aunque superado ese tope, el viajero debe abonar el 50% del monto excedido.
Uno de los artículos impone eliminar dicho tributo de aduana, además, señala que para el ingreso de productos mediante el régimen de equipaje “no será necesario completar ningún formulario”, es decir, completar declaraciones juradas.
En caso de que se presuma que la mercadería ingresada sea con fines comerciales, “la Aduana seguirá los procedimientos contemplados en la normativa vigente”, es decir, se establecerá topes libres de impuestos hasta US$ 500 en equipaje y un monto igual para compras en free shop de llegada, tal cual está la ley vigente. Dicha norma rige para todos los países, salvo para el Mercosur, que contempla una franquicia de US$ 300 en equipaje.
Qué dice el proyecto de Ley Ómnibus que envió Milei al Congreso
El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación la “Ley Ómnibus”, denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”.
“Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
El proyecto de ley declara la “emergencia pública” en “materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025” y aclara que “dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años”.
Entre sus postulados básicos, señala el de “promover y asegurar un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia, con respeto a la propiedad e iniciativa privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.
En ese sentido, se propone “establecer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y procurar dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado” y, al mismo tiempo, “promover la reactivación productiva”.
