“No se frena nada”: esa es la definición que regirá las actividades de las trabajadoras del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Al menos para los próximos tres meses, plazo por el que se les extendió el contrato a las personas que se encargaban de llevar adelante los programas de capacitación contra las violencias de género, de asistencia a las víctimas o del seguimiento de cumplimiento de leyes para la igualdad laboral y económica. Todas estas áreas serán parte del flamante Ministerio de Capital Humano.
Según se pudo conocer, desde el diario Ámbito, el lunes se llevó adelante la primera reunión de transición con dos asesores del Ministerio de Capital Humano, de la que participaron los directores y directoras en funciones. Calificaron que “fue una reunión en buenos términos”, en donde se confirmó que el rango del organismo pasará a ser una subsecretaría que no dependerá de ninguna secretaría, sino directamente de la ministra Sandra Pettovello.
Sin embargo, no existen precisiones sobre qué programas o políticas tendrán continuidad, según los criterios de la nueva gestión. En este aspecto, resta conocer quién será la nueva titular del área para suceder a Ayelén Mazzina. El nombre de la subsecretaria se conocería esta semana.
La situación de las trabajadoras
Otra información importante para las trabajadoras del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es que se garantizó el pago del sueldo de diciembre y que “se van a renovar los contratos por tres meses”, con excepción de aquellas incorporaciones realizadas en el 2023, de acuerdo a los anuncios realizados por el ministro de Economía Luis Caputo. Esta decisión alcanza a más de mil personas que trabajan en el área y se quedaban sin contrato la próxima semana.
Sería la quinta cartera absorbida por el Ministerio de Capital Humano, luego de que se confirme que Salud conserva su jerarquía ministerial. En este caso, los programas de Desarrollo Social quedan en manos de la ministra Sandra Pettovello, mientras que se convierten en secretarías Educación (al mando de Carlos Torrendell), Trabajo (Omar Yasín), Cultura (Leonardo Cifelli) y ahora Mujeres, Géneros y Diversidad, que aún no tiene subsecretaria.
Cuatro años de institucionalización de demandas
La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad supuso un desafío: darle un marco institucional e intentar representar las demandas y las actoras que componían al heterogéneo movimiento de mujeres y disidencias que en la Argentina buscaban instalar agenda al menos desde la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, en la última década irrumpió como urgencia: las marchas del Ni Una Menos, que desde el 2015 se movilizan en reclamo de políticas que generen respuestas a los femicidios, la masividad del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias y la acción colectiva por la sanción de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
En ese marco, las primeras funciones del organismo, creado en diciembre del 2019, tuvieron que avanzar con la premisa de encargarse de las políticas existentes pero dispersas, determinar las bases programáticas de una perspectiva de género en el Estado y absorber la diversidad y la urgencia. Como una de sus políticas más reconocibles, gestionaron la difusión y el funcionamiento a nivel nacional de la Línea 144, que atendió en la última gestión más de 400.000 casos de violencias de género. El equipo interdisciplinario de contención, que cuenta con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, atiende en distintos idiomas y lengua de señas y acompaña a las víctimas a partir de la articulación con otras áreas estatales.
Capacitaciones y gestión de oportunidades: los ejes troncales del ministerio permitieron ejecutar la Ley Micaela e iniciar procesos demandados desde la legislación nacional o desde la agenda pública pero que no contaban con actoras que lo puedan aplicar al territorio. Los programas del organismo (Producir, Registradas, Acercar derechos, entre otros) siguieron el horizonte de la igualdad económica, la participación de mujeres y disidencias en el mercado laboral o la construcción de garantías para el acceso a la justicia.
La institucionalización a nivel nacional permitió el alcance federal: de los más de 2.300 municipios y gobernaciones argentinas, 1.150 crearon áreas de género estatales en los últimos cuatro años. Las redes construidas -y aún vigentes- en las asambleas y movilizaciones iniciaron su proceso en el organigrama público. El camino no se puede desandar.
