Según el relato de quienes participaron en el procedimiento los pollos estaban congelados y “en buen estado” revelando de este modo que no hubo un control por parte del SENASA y de todos los organismos involucrados en el decomiso, para poder determinar que parte de la mercadería sustraída estaba podrida y cual no, y de ese modo dar otro final al lamentable suceso.
“Estaban congelados, yo traje bien congelados, recién saqué para cocinar. Están en buen estado. La gente dice nomás que estaba podrido para no regalar a la gente que necesitan”, fue el testimonio de una de las vecinas que formó parte del grupo que se acercó a la tosquera. Además de sustraer los muslos para sus familias, también el botín fue repartido entre los vecinos: “A mí me invitaron, sí servían para comer. Estaba congelados todavía, encima a mí me dieron a las cinco, seis de la tarde por ahí y estaba congelado”, relató una joven que vive cerca de donde acontecieron los hechos. Además relataron que ya han cocinado alimentos con los pollos desenterrados y “no pasó nada”. Por familia recuperaron entre una y dos cajas, por ende “por lo menos todo este mes vamos a comer el pollo. Para comer, para almorzar, desayunar, cenar, todo se hace”, concluyeron.
El hecho
En un confuso operativo realizado entre la noche del sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de este mes, Prefectura Naval decomisó 1.200 cajas de pollos y cajas de aceite que estaban almacenadas en un depósito del barrio Altos del Paraná de Puerto Iguazú, en el marco de una investigación por presunto contrabando. La fuerza retuvo el material durante casi tres días, para terminar enterrándolo en la mañana del martes. El operativo fue cuestionado por muchos ciudadanos de la localidad que a través de distintas redes sociales y medios de comunicación locales expresaron su repudio al accionar de la Prefectura debido al desperdicio de una gran cantidad de alimento en el contexto económico crítico que está atravesando la ciudad y el país.
Más tarde la indignación aumentaría cuando se conocieron los videos y fotos de un gran grupo de personas que se acercó al lugar para hurgar en la tierra y tratar de ese modo de desenterrar un poco de la carne despachada que estaba contaminada con tierra y desechos.
Los vecinos se enteraron del entierro a través de las noticias y decidieron asistir al lugar para buscar que dar de comer a sus familias. “Nosotros nos enojamos porque en realidad no teníamos, encontramos feo eso porque no tenían que enterrar. ¿Por qué no dieron a los merenderos o a la gente que necesitan? Yo le dije a mi marido, vamos de una, y ahí vinieron todos los primos parientes, hermanos, entre todos fuimos”, afirmó una de las vecina del Barrio San Juan que relataron el suceso, a la vez explicó que no quisieron dar sus nombres porque temen por su seguridad ya que fueron amedrentados y amenazados por trabajadores del municipio. “A nosotros después nos tiran duro. Los empleados municipales van y vienen y nos conocemos. Fuimos amenazados por los mismos funcionarios: ‘Le vamos a mandar plomo si no salen de acá’, nos dijeron” fue lo que lamentaron quienes intervinieron en el hecho.
En contraparte, quienes trabajaron en el entierro, aseguraron que el pozo que se cavó para el cuestionado despacho medía entre 6 y 8 metros de profundidad que es la medida del brazo de la retroexcavadora que usaron los trabajadores para construir la fosa. El procedimiento de entierro se llevó adelante cerca de las diez de la mañana y ya desde esa hora, según uno de los trabajadores del lugar, se convocó la gente a buscar la comida “nosotros le explicamos que no le podíamos dar, que solo estábamos cumpliendo órdenes, la municipalidad solo participó de la logística. Por más que veamos que estaba feo o no, no le podíamos dar si la orden era enterrar”, comentó uno de los trabajadores que tampoco quiso dar su nombre. Añadió que la mayor cantidad de personas se concentró a la hora de la siesta cuando no había empleados en el lugar, ya que el horario de cierre es a las 12:30 horas.
- Prefectura decomisó y enterró cajas con pollos
Cuando se hicieron públicas las imágenes de los vecinos en el lugar, los trabajadores municipales se volvieron a acercar a la zona alrededor de las 18 horas, con la policía para desalojar el predio. Luego de que no quedara ninguna persona se procedió a tirar maderas, escombros y más tierra a los pozos removidos como también “se tiró gasoil y se prendió fuego” el lugar. Este relato de los acontecimientos coincide con el que realizaron los vecinos que participaron en el desentierro.
En los CAPS de la zona no hubo consultas gastronómicas
Uno de los argumentos para enterrar los pollos fue que estaban en mal estados y que eran insalubres para la ingesta humana, por lo tanto un medio provincial se acercó a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de las zonas aledañas para consultar se hubo casos en esta semana se intoxicación con alimentos. El doctor Martín González quien trabaja en el CAPS de las 2000 hectáreas negó lo cuestionado “No, no aumento. Es más, hace rato que no tenemos consultas de ese motivo. Hasta ahora al menos no”. Además de eso, agregó que la mayor cantidad de consultas se debe a problemas respiratorios como bronquitis en los niños y bronquiolitis en menores de 2 años, sobre las causas explicó que “Eso es por la zona en que vivimos. De día tenemos altas temperaturas sin embargo a la noche hace frío, y ese cambio de clima y de temperatura daña los bronquios”. En segundo lugar, según el médico las consultas son por casos de parasitosis tanto intestinal como en la piel debido a que esa zona no cuenta con buenos servicios sanitarios básicos como el agua potable o cloacas y en consecuencia los casos de parásitos son una constante. El tercer lugar está ocupado por diagnósticos que afectan a los adultos mayores como la diabetes y enfermedades arteriales como la hipertensión.
Procedimiento Irregular:
Otra de las aristas del tema, fue el procedimiento irregular del decomiso de la mercadería. Desde prefectura, la causa iniciada es por contrabando y el imputado es Juan Pérez, propietario del lugar hallanado. Al respecto el Dr. Fabián Santa Clara Abogado Defensor, representante de la familia del domicilio donde fueron incautados las 1200 cajas de pollos en diálogo con una radio local, explicó que el inmueble que se allanó es una casa que se encuentra divida, sometida al régimen de la propiedad horizontal para un alquiler y se alquiló varias unidades funcionales del inmueble para un depósito comercial. Con respecto a la mercadería que estaba en el inmueble, el Abogado indicó que la mercadería no era de su defendido, era de dos comerciantes que son los locatarios de algunas unidades funcionales, quienes no quedaron imputados como si su defendido.
Asimismo, dijo que la mercadería incautad era de origen argentino, y que cuenta con facturas de las compras como para defender al propietario del lugar y a los comerciantes también “tenemos los contratos de locación, la factura de la mercadería, están los locatarios que no van a huir, van a declarar en la causa, ellos son los dueños de la mercadería. Una vez que se vaya aclarando la cuestión penal, seguramente iniciarán los juicios para reclamar la mercadería”.
Para finalizar, expresó que desconoce en qué condiciones estaban los pollos incautados y manifestó: “Ya estoy percibiendo que se trató de un procedimiento completamente irregular porque esto comienza en la noche del sábado 14 a las 20 hs donde Prefectura se acercó al inmueble privando de la libertad a gente que estaba adentro, más de 30 personas y la orden llega en las primeras horas del día 15, tipo 5 o 6 de la mañana donde se procedió al ingreso”.
“Toda la gente va a declarar en el expediente y va a quedar en evidencia el manejo irregular. Todavía nos falta conocer las actuaciones, vamos a ver que fundamentó Prefectura para que el Juez le otorgue la orden de allanamiento”, concluyó.
Denuncia de por medio:
A pesar de que, como informó este medio, desde SENASA afirmaron que el único procedimiento posible era el entierro por el volumen de pollo decomisado, el arquitecto y también miembro del equipo ganador del proyecto Maestros Argentinos 2017, Alejandro Verón realizó una denuncia ante el Sistema de Gestión de Denuncias Administrativas del SENASA, tras considerar un crimen ambiental y caos social la manera en que se desarrolló el suceso. El arquitecto busca marcar un precedente y que en otras oportunidades se tenga en cuenta las consecuencias para operativos futuros.
“El irresponsable a cargo del procedimiento de destrucción de las mercaderías incautadas por prefectura, declaró en un medio local: “se realizó una destrucción en base a los recursos con que se contaban”. Una declaración irracional, generó un crimen ambiental y un caos social sin precedentes, exponiendo a personas a una intoxicación por comer alimentos podridos, enterrados en un área absolutamente contaminada” indico Verón. Además de ello, las cajas de pollo y las bolsas que los envuelven tardan alrededor de 150 años para degradarse. “este tipo de cuestiones deben ser tomadas en cuenta, es increíble que un organismo realice este tipo de prácticas” concluyó el docente.
(Fuente:Misiones Online)
