El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno nacional dispuso que las personas detenidas o condenadas penalmente ya no podrán cobrar planes sociales ni usar celulares mientras estén en prisión. La medida, impulsada por los ministerios de Capital Humano y Justicia, forma parte del programa «Ocio Cero», que busca establecer la obligatoriedad del trabajo durante el cumplimiento de condenas.
Esta política fue inicialmente presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró: “El que no hace nada, no cobra. El que hace trabajo productivo, cobra por lo que hace, no por estar preso”. Según el Gobierno, se busca eliminar lo que califican como “privilegios” y fomentar la productividad como condición para percibir un ingreso en el sistema penitenciario.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que solo el 5% de los internos podrá ser asignado a tareas generales como limpieza y mantenimiento, con un máximo de ocho horas laborales. Las actividades básicas de convivencia, como la higiene de celdas o espacios comunes, no serán remuneradas.
Además, «Ocio Cero» funcionará en conjunto con el programa “Manos a la Obra”, lanzado en octubre de 2024, que impulsa trabajos para la reinserción social de los internos. Según se informó, la nueva normativa se ajusta a lo establecido por el Código Penal argentino, que establece que los detenidos deben colaborar con el mantenimiento de los establecimientos penitenciarios.
Patricia Bullrich enfatizó: “No queremos que los delincuentes cobren sin hacer nada mientras millones de argentinos trabajan cada día para ganarse su salario”. El Gobierno sostiene que la reforma busca reducir la inactividad en las cárceles y reforzar el principio de responsabilidad personal en el cumplimiento de la pena.
