En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que reafirma el compromiso del Gobierno con la búsqueda de una “historia completa”, sin sesgos ideológicos ni censura a las distintas voces que analizan los hechos ocurridos durante la década de 1970.
En el documento, el Gobierno sostiene que el reconocimiento pleno del pasado y la libertad para debatirlo son fundamentales para cerrar heridas y avanzar hacia un futuro donde la historia no sea utilizada con fines políticos partidarios.
Acuerdo con la familia Viola y proyecto de ley sobre delitos de lesa humanidad
Entre las medidas anunciadas, el comunicado destaca que el Estado alcanzó un acuerdo de solución amistosa con la familia del capitán Humberto Viola, asesinado en 1974 junto a su hija María Cristina, de 3 años, por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en plena democracia.
El Gobierno actual, bajo la gestión de Javier Milei, ha instruido a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina para que reconozca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, enmarcado en un conflicto armado interno.
En esta línea, se enviará al Congreso un proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos, diferenciándose de la postura adoptada por la administración de Alberto Fernández en 2022, que sostuvo ante la CIDH que el crimen no constituía un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, era prescriptible.
Desclasificación de archivos de inteligencia
Otra de las decisiones anunciadas es la inmediata desclasificación de los archivos relacionados con las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983, en poder de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Según el comunicado, el Ejecutivo considera que los hechos del pasado deben quedar en los archivos de la historia y no en organismos de inteligencia, por lo que pondrá esos documentos a disposición de la sociedad, garantizando el acceso a información que estuvo bajo reserva durante décadas.
Finalmente, el Gobierno enfatizó la importancia de valorar la paz alcanzada en democracia y reafirmó su compromiso con una conmemoración basada en la transparencia y el respeto a la memoria completa, “sin omisiones ni distorsiones políticas”.
