El Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Patricia Bullrich, presentó hoy una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
La decisión se formalizó este lunes tras la violenta represión del miércoles 12 que culminó con un fotógrafo gravemente herido en la cabeza y una jubilada golpeada. En esa protesta de la semana pasada hubo cientos de detenidos que horas más tarde fueron liberados. La magistrada ahora denunciada los puso en libertad ya que argumentó que las detenciones fueron tenían irregularidades. El Gobierno cree que la jueza actuó de manera irregular.
La presentación contra Andrade fue radicada en el fuero federal y se fundamenta, dijeron desde el Ministerio “en las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación”.
La denuncia presentada destaca que la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes. Según el escrito, la magistrada intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios.
“Entre los detenidos liberados, se encontraban individuos con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo. La denuncia también detalla que la jueza dictó su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía”, indicaron desde la cartera que conduce Bullrich.
Además, el viernes pasado el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada, señalando como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores.
Los incidentes también dejaron un saldo de más de una docena de efectivos de la Policía Federal heridos, además de graves daños materiales, incluyendo la quema de vehículos oficiales y destrozos en el espacio público. La denuncia señaló que los grupos organizados movilizados incluían barras bravas de distintos clubes de fútbol y que algunos de los manifestantes habrían recibido pagos para participar en los hechos de violencia.
