El Gobierno de Brasil promulgó hoy jueves una nueva legislación que crea un mercado regulado de carbono y establece límites a las emisiones de gases de efecto invernadero.
El anuncio se realizó durante una reunión del Consejo de Desarrollo Económico y Social, liderada por el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, junto con el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y otras autoridades. Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó la ley, no asistió al acto por razones de salud. La normativa ya fue publicada en el Diario Oficial.
“La nueva ley, aprobada en noviembre por el Congreso Nacional y sancionada sin vetos, establece un sistema de bonificación para las empresas o estados que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera”, señala la Presidencia brasileña en un comunicado.
Agrega que “en la práctica, cualquiera que demuestre que deja de emitir (este contaminante) obtendrá créditos de carbono, que pueden ser adquiridos por empresas que emitan por encima del techo establecido”.
Durante la reunión, el vicepresidente Alckmin anunció también las seis cadenas prioritarias para la inversión en la Misión 5 del programa Nueva Industria Brasil (NIB) del Gobierno: diesel verde y combustible de aviación sostenible (SAF), hidrógeno bajo en carbono, biometano, acero y cemento verdes, turbinas eólicas y paneles solares.
“Brasil ya es líder en biocombustibles y reúne todas las condiciones para liderar la agenda mundial de descarbonización. Tenemos políticas públicas sólidas, instrumentos de financiación y estamos atrayendo inversiones privadas para trabajar hacia este objetivo”, afirmó Alckmin.
El Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones (SBCE) establece límites para las emisiones de gases de efecto invernadero y permite la negociación de Cotas Brasileñas de Emisión (CBE), cada una equivalente a 1 tonelada de CO2e (dióxido de carbono equivalente).
El Certificado de Reducción o Remoción Verificada de Emisiones (CRVE) mide la cantidad de carbono removido de la atmósfera, también en unidades de 1 tonelada de CO2e.
La ley distingue entre un mercado regulado, basado en metas gubernamentales para reducir emisiones, y un mercado voluntario, donde las empresas adquieren créditos para cumplir objetivos internos de neutralización.
Además, la normativa regula los proyectos REDD+, que generan créditos a partir de la reducción de emisiones por deforestación y la mejora de los niveles de carbono en la vegetación.
Las organizaciones reguladas deberán presentar planes de monitoreo y reportes. El sector agropecuario queda excluido de estas obligaciones, pero puede generar créditos mediante la preservación de áreas protegidas.
El sistema entrará en vigor plenamente hacia 2030, con un periodo inicial de 12 meses para definir reglas básicas, prorrogable por otros 12 meses, de acuerdo con la Ley.
El sector industrial será el más afectado, con multas de hasta el 3 por ciento de su facturación anual en caso de incumplimiento, aumentando al 4 por ciento en caso de reincidencia.
